Ambientalistas apelaron el permiso a una termoeléctrica

Ambientalistas y vecinos de Villa Rosa se presentaron en las últimas horas ante la Cámara Federal de San Martín para apelar la decisión del juez de Campana, Adrián González Charvay, de permitir el funcionamiento parcial de la planta generadora termoeléctrica de la empresa Araucaria Energy.

La presentación fue encabezada por Erica Hahn y Verónica Christensen, patrocinadas por el abogado Fabián Maggi, que ya llevaba las causas contra las termoeléctricas.

La presentación pide que la sola apelación de la medida tenga “efecto suspensivo, en atención a la naturaleza ambiental del proceso en trámite”, es decir, que no se permita la puesta en marcha de las turbinas hasta tanto haya una decisión judicial.

La presentación basa la apelación en la “ausencia de habilitaciones ambientales como son los permisos pertinentes de la Autoridad del Agua y la ausencia de habilitación municipal”, además de la “falta de ejecución de las obras de insonorización comprometidas que evidencian un escenario de riesgo ambiental no evaluado e inadmisible”.

Advierte además que “el daño que se genere en ese período (de prueba de la planta) será de consecuencias  irreparables o de muy difícil reparación en atención a las características propias del bien jurídico ambiente”.

Señala también que el fiscal federal, “en su último dictamen del 29 de diciembre de 2022, se opuso una vez más al levantamiento de la medida cautelar para que la demandada funcione con dos turbinas”.

La autorización del juez González Charvay fue dictada hace una semana. Permite a Araucaria operar la planta con carácter provisorio y con un régimen limitado: sólo podrá utilizar dos turbinas, que solamente podrá encender de día, en el horario comprendido entre las 8 y las 21, para evitar el impacto sonoro a los vecinos cercanos. La medida tiene fecha de vencimiento el día 30 de junio de este año.

De acuerdo con el fallo, la medida se basa en tres estudios de impacto ambiental que establecen que “no se han encontrado objeciones ambientalmente significativas o impactos negativos de tal magnitud que impidan su entrada en funcionamiento”.

A la vez, argumenta que el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS) dio su conformidad con la operación de dos turbinas, al tiempo que la Municipalidad de Pilar no posee objeciones.

A su vez la Secretaría de Energía de la Nación y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) han establecido la importancia del funcionamiento de la Central Matheu III para evitar cortes de energía eléctrica.

Según el informe, “la energía producida beneficia a aproximadamente más de 2.000.000 de personas y favorece a la matriz energética del país en general, al minimizar la posibilidad de cortes de energía y evitar interrupciones del servicio eléctrico a los ciudadanos”. (Pilar Noticias)